La Administración Pública en el diseño, ejecución y evaluación de sus políticas y en la gestión de sus servicios ha de garantizar que los ciudadanos y ciudadanas, tanto individual como colectivamente, puedan participar, colaborar e implicarse en los asuntos públicos.
Esta participación se basa en la transparencia, y se nutre de personas dispuestas a ofrecer algo de sí mismas en la búsqueda de propósitos colectivos.
Cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a participar de manera real y efectiva en los planes, programas y disposiciones de carácter general a los que se refiere la Ley Foral de Transparencia, acceso a la Información pública y buen gobierno, así como en los procedimientos administrativos en los que así se determine.
La ciudadanía pueden participar en la elaboración de los Planes, Programas, Políticas Públicas, Consultas, Encuestas, Procedimientos de elaboración normativa, etc. que tramite la Administración. Asimismo, la ciudadanía pueden proponer iniciativas reglamentarias y formular propuestas de actuación y de colaboración con la Administración.