Sobre Salud Mental y otras cuestiones asistenciales

Proceso de participación: 
Estrategia de humanización del sistema sanitario público de Navarra
Texto: 

En referencia a la asistencia en Salud Mental:
• En Salud Mental es necesario actuar respetando de forma estricta los derechos ciudadanos recogidos por a) la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y b) la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra, especialmente los referentes a información, consentimiento y autonomía de las personas.
• Es necesario informar a las personas de los tratamientos sugeridos en cada caso: resultados, riesgos físicos en el uso a corto, medio y largo plazo, posibilidades alternativas y sus resultados y riegos, etc. En ese sentido debe permanecer abierto en todo momento de la relación asistencial la posibilidad de recabar nueva información, segundas opiniones, etc.
• Hay que hacer posible que las personas puedan elegir el tratamiento desean.
• Es necesario, al igual que existe en el Reino Unido, aceptar y promocionar la figura del acompañante del paciente, que le puede ayudar a indagar sobre la información necesaria, a hacer valer sus deseos, a realizar peticiones, ayudarle a hacer trámites, recoger las propuesta realizadas, etc. La figura del acompañante se trata de una persona de confianza elegida por el usuario, no por otros.
• Es necesario eliminar la coerción en la práctica clínica o hacerla muy residual. Se dice y se sabe que la mayor parte de las personas con diagnóstico con trastorno mental severo permanecen en tratamiento farmacológico de forma obligada mediante presiones de distinta índole. La mayor parte de estas personas no ha podido decidir las cuestiones referentes a su tratamiento, tampoco cuando han estado libres de síntomas, y con la conciencia suficientemente adecuada para decidir.
• La posibilidad de realizar psicoterapias y otro tipo de ayuda psicosocial debe estar accesible en la red de salud mental: esto no se puede hacer cuando la consulta con el terapeuta ocurre una vez al mes, aunque sea durante años. Se necesita acomodar el timing de la intervención, como en cualquier otro lugar del sistema sanitario (sería absurdo acudir a una cura una vez al mes durante 5 años, cuando lo que se necesita es una cura diaria durante 10 días).
• Se necesita promocionar más formación en la red asistencial en cuanto alternativas psicosociales, como información a las personas, y manejo de crisis entre otras, y la posibilidad de implementarlas.
• Es necesario reducir las contenciones físicas, una práctica especialmente dañina, además de ser un aspecto que muestra el fracaso asistencial.
• Es especialmente preocupante las contenciones físicas en menores, que incluyen a niños de 10 años y menos. Debe cuestionarse a un director/a de una unidad de internamiento que no sepa hacer su trabajo sin atar a los menores. Seguramente los objetivos de disminuir las contenciones requiere de gestores y jefes clínicos concienciados en ello.
• Cada acto de contención, dada su gravedad, debería implicar una reunión con el comité de ética, el sujeto y sus allegados y los profesionales y algún agente social independiente, puede que no inmediatamente pero si en las próximas semanas.
• Es necesario abrir un debate sobre como deben ser las unidades de hospitalización psiquiátricas o si debe haber otras unidades con otro modelo, tal como se propugna y se está experimentando en diversos lugares.
• Es necesario reformular el programa de primeros episodios, basado en medicación y psicoeducación, inspirado en buena medida en el programa OPUS danés, debido a que su base teórica es incierta, y es un modelo que ha fracasado como se reconoce en los datos existentes en los artículos publicados por los autores del OPUS, ya hace tiempo, y también por los datos obtenidos en programas similares de primeros episodios. De hecho hay otros modelos asistenciales actuales y pasados que podrían resultar más sugerentes y que tienen mucho mejores resultados. La asistencia basada en las evidencias debe primar sobre la asistencia basada en las preferencias.
• Es necesario elaborar una guía práctica para que el paciente y sus próximos sepan sobre lo que hay que hacer para pedir formalmente un tratamiento, un cambio de dosis, una retirada de tratamiento, un cambio de modalidad de tratamiento, una reunión familiar con los profesionales…
• Es necesario reducir el gasto farmacéutico en salud mental. No resulta fácilmente comprensible, y seguramente no es admisible, que el gasto en antipsicóticos depot sea mayor que un tercio del presupuesto de la red de salud mental. Esos fármacos que ahora se recetan tienen equivalentes que cuestan casi 200 veces menos, además tan solo sirven a propósitos de coerción –hacer que personas que no quieren tomar un fármaco lo tomen- y no tienen ninguna ventaja clínica comparada con la medicación oral, tanto en funcionalidad, como ingresos o recaídas, como se ha demostrado reiteradamente.
• Es necesario realizar una política sanitaria prudente en la asistencia infanto-juvenil, resultando de especial preocupación el incremento de menores diagnosticados de TDAH, aunque también ocurre desde hace poco en adultos, y la consiguiente prescripción de medicación, que sin significar ninguna mejora a medio y largo plazo se asocia a un deterioro mayor en comparación a los no medicados. Lo mismo se puede decir sobre el uso en aumento de antidepresivos en la infancia.
• Es necesario realizar una práctica prudente en el uso de antidepresivos en la población adulta, recetados en su mayor parte en AP, sin la debida información al usuario, y muchas veces con el desconocimiento de sus riesgos ampliamente reconocidos, muchos de ellos soslayados en la información suministrada por las farmacéuticas.
• La utilización de psicofármacos e inhibidores de la acetilcolinesterasa en la población mayor requiere una intervención sistémica en la red asistencial para reducir su uso, por los riesgos y daños que provocan.
• El decálogo de humanización recientemente publicado en Salud mental debe acompañarse de una descripción detallada de cómo el usuario y su familia pueden llevarlo a la práctica.
• Se necesita que las asociaciones de usuarios de servicios y las de sus allegados, pero especialmente aquellas, sean tenidas en cuenta en la planificación, y examen de los servicios.
Como colofón, una humanización real de los servicios que tenga como fin un enfoque centrado en las personas y sus necesidades requiere un cambio en la orientación de los servicios, una evaluación de la gestión no auto-orientada (como las evaluaciones creadas para que los indicadores digan lo que se desea, como es el caso de las encuestas de satisfacción que no se dirigen a evaluar las cuestiones fundamentales), y se necesita a personas convencidas que puedan implementar esos cambios.
Una humanización real se dirige a establecer un modelo asistencia basada en una práctica colaborativa, muchas veces demandada, y bien conceptualizada en el campo de Salud Mental, que se opone al paternalismo habitual y muchas veces autoritario. En esa práctica la centralidad se sitúa en la persona, sus necesidades y sus recursos, a los que se añaden los de los profesionales y la red asistencial, es tarea del profesional dar apoyo a la reordenación de los recursos informales y formales de un modo que la persona considere beneficiosa.
En el sistema sanitario general:
• Es necesario que los sanitarios puedan recibir información y formación independiente de las compañías farmacéuticas, entre ellas del uso prudente de fármacos.
• Libre acceso a la ciudadanía a la información y datos existentes en salud (información no personal, sino estadística, se entiende): incapacidades laborales y diagnósticos, incapacidad civil en base a trastornos mentales y neurológicos, suicidios, sucesos adversos, gasto farmacéutico, gastos del sistema de salud…
• Control del gasto farmacéutico, como en el caso de los bifosfonatos, estatinas, antidepresivos, antipsicóticos, etc. Controlando de forma especial la flexibilización diagnóstica, el uso no justificado del fármaco más caro, el uso fuera de indicación y en población de riesgo, como infancia y ancianos y contextos determinados (residencias, escuelas, etc). Esto significa promocionar un buen balance entre riesgo y beneficio en cada intervención.
• A diferencia de lo que indicó un gestor de Osasunbidea en un articulo de prensa hace unos meses, la confianza en los servicios no surge de que estos cuenten con buenos medios técnicos, sino cuando cada persona tiene un profesional de referencia, con capacidad de conexión con el usuario, y cuando este puede confiar en él porque se encarga de la persona y sus problemas de forma global, algo que hoy no se da.
• Es necesario encontrar la forma de promocionar la transparencia de los conflictos de intereses, actuales y pasados, de los profesionales.