MEMORIA JUSTIFICATIVA
El Fondo Foral de Vivienda Social, que será desarrollado por una Orden Foral del Consejero de Fomento, facilitará un inmueble de forma temporal a aquellas personas que estén en situación de exclusión o riesgo de perder su vivienda, sea en propiedad o en alquiler, por una caída de ingresos.
Para poder acceder a estas viviendas, las familias deberán tener unos ingresos ponderados inferiores al IPREM, participar en programas de vivienda de integración social, suscribir un acuerdo de incorporación sociolaboral y que durante los tres últimos años hayan residido en Navarra.
Durante el primer año, estas familias tendrán una subvención del 90% de la renta de alquiler. Esta ayuda será del 75% en el segundo año y en el tercero será de entre el 75% y el 25%, según corresponda. También, según su situación socioeconómica podrán acceder a las ayudas extraordinarias de Políticas Sociales para que puedan afrontar sus deudas de gastos de comunidad, calefacción, agua, etc.
Por su parte, los beneficiarios del Fondo Foral de Vivienda Social deberán mantener el inmueble en las mismas condiciones en las que les fue entregado, colaborar con el servicio social de base en el seguimiento de su situación y cumplir las condiciones de convivencia que se establezcan, entre otras obligaciones.
Esta medida extraordinaria se suma a las ayudas económicas que ya ofrece el Gobierno de Navarra a quienes tienen dificultades económicas para que puedan permanecer en sus hogares haciendo frente a sus deudas. En concreto, durante 2013 apoyó con más de 2,35 millones de euros a más de 3.000 familias para que financiaran sus hipotecas y cuotas de alquiler, pudieran adquirir un equipamiento básico para sus hogares o tuvieran un acompañamiento profesional que les ayudara a mantener o acceder a una vivienda.
Asimismo, el proyecto de Decreto Foral en sus disposiciones adicionales segunda y tercera incluye dos medidas que tienen por finalidad incrementar el parque residencial en régimen de alquiler.
En último lugar, se proponen otras dos medidas temporales, hasta el 31 de diciembre de 2017, para ayudar a quienes tengan dificultades para acceder o renovar un alquiler de vivienda social. De este modo, no será necesario acreditar unos ingresos mínimos de 3.000 euros para renovar o prorrogar el contrato de arrendamiento. Además, los inquilinos que demuestren un empeoramiento de su situación personal, laboral o económica que no esté reflejado en su declaración de la renta del año anterior podrán acceder a una subvención del 75% de la renta para la nueva anualidad.
EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
José Antonio Marcén Zunzarren.