Sector de distribución veterinaria: hay empresas cuya localización ha aparecido en prensa, que comercializan productos prohibidos y otras en Tudela que hacen alarde de dinero en billetes y comisionan a veterinarios, cosa absolutamente prohibida por la Ley del Medicamento y con riesgo para la salud pública. Estás prácticas, detectadas por el G N y no perseguidas suficientemente, suponen que el G N discrimina y favorece competencia desleal hacia el resto del sector en que operamos. Estas empresas, que compran en negro, pagan en negro a proveedores y empleados, no tributan, ni a la Hacienda Foral, ni a la Seguridad Social y utilizan su negocio para blanquear dinero de otros orígenes. Facturan a precio idéntico al de compra, además hacen un rappel y no repercute nada por los gastos generales. Eso siempre se corresponde con situaciones de blanqueo. GRACIAS POR TOMAR INTERES Y AYUDAR A MANTENER LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL RESTO DEL SECTOR. Nos interesa colaborar, cuenten con ello

Como el pan, la electricidad debería llevar el iva del 4% o crear un iva nuevo, el iva constitucional al 1% simbólico. La vivienda también es un derecho constitucional, entiendo que no debería ser en propiedad, así que además de suprimir la vpo en propiedad, gravaría el alquiler con ese 1% constitucional.

La codicia de los banqueros y sus accionistas, una vez que les hemos rescatado, debería ser penalizada, más si no abren el crédito en condiciones razonables y no leoninas como están haciendo. Leí hace años, durante el gobierno de Zapatero que reducía la tributación de dividendos de banqueros y sus accionistas para favorecer que declarasen lo realmente percibido. Desconozco cómo está ahora el tema. Gravaría a las empresas que mantienen su domicilio social fuera de España, donde pagan un impuesto de sociedades más bajo, con un impuesto calculado sobre las ventas en nuestro país. No favorecería la entrada de capital extranjero en nuestro país sino que destinaría ese dinero a las empresas nacionales que son las que están aguantando cuando vienen mal dadas y no salen corriendo con su capital. Abriría la fiscalización de todas las operaciones de nuestras instituciones y la inspección de grandes empresas que son los que más defraudan o esconden con sus grandes asesores.