La aprobación de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, y su posterior transposición al ordenamiento jurídico español por la Ley del Ruido y los Reglamentos que la desarrollan, obliga al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) a recopilar los mapas estratégicos de ruido y planes de acción contra el ruido que deben elaborar distintas Administraciones tanto estatales como autonómicas y locales.