La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, recoge en su disposición adicional sexta la obligación de proceder a su evaluación, transcurrido un periodo de dos años desde su entrada en vigor, mediante la realización por parte del Gobierno de Navarra de un informe de evaluación de su aplicación, que trasladará al Parlamento.