8. Igualdad de derechos y libertades para todas las personas independientemente de su género / Eskubide eta askatasun berdinak izatea pertsona guztientzat, edozein dela ere haien generoa

Gobierno de Navarra tiene la obligación de implementar políticas que luchen contra la feminización de la pobreza; estamos hablando de precariedad laboral, violencia machista, cargas familiares, y marginación. Si sumamos a estos factores el carácter punitivista de las instituciones, más preocupadas por salvaguardar los bienes que las personas, tenemos un buen número de factores de riesgo que afectan a la población femenina privada de libertad.

Desde la Fundación Secretariado Gitano se adjuntan las siguientes aportaciones

Para Amnistía Internacional es una prioridad en materia de derechos humanos la igualdad de derechos y libertades para todas las personas, independientemente de su condición sexual. Con respecto a diversas situaciones concretas de desigualdad, consideramos importante incidir en problemas como la brecha salarial o los techos de cristal que soportan las mujeres, así como su derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad Las políticas públicas habrán de tener en cuenta que la identidad de género y la orientación sexual están ligadas a aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo del derecho a la integridad física y mental de las personas 5 Amnistía Internacional pide especialmente pasos más firmes contra la violencia hacia las mujeres: ● Evaluar, en la medida de las competencias de las administraciones navarras, las medidas establecidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género; entre ellas, el funcionamiento de los Juzgados de Violencia. ● Habilitar los recursos especializados suficientes tales como los centros de crisis para que las víctimas de violencia sexual puedan obtener protección, atención y acceso a justicia de forma efectiva, alcanzando el compromiso de no emprender recortes presupuestarios en este ámbito. ● Garantizar el derecho de las víctimas de violencia de género y sus familiares a una reparación justa y adecuada, especialmente cuando haya habido falta de diligencia por instituciones o agentes del Estado. ● Combatir la violencia de género, garantizando que se dota de los recursos suficientes para que las víctimas puedan obtener protección, atención y justicia de forma efectiva. ● Garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la asistencia letrada a las víctimas de violencia de género, y violencia sexual. ● Asegurar la formación de los profesionales del ámbito sanitario, judicial y policial, dotándoles de la suficiente preparación en materia de información, atención y trato a las víctimas. ● Impulsar medidas y una Ley Integral contra la trata y para la protección de los derechos humanos de las víctimas, e investigar de manera sistemática las denuncias de trata, enjuiciar a los responsables y otorgar reparación integral a las víctimas.