ALEGACIONES HABLAMOS ESPAÑOL AL II PLAN ESTRATÉGICO DEL EUSKERA Desde la Asociación Hablamos Español, como entidad apartidista sin ánimo de lucro, creada para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes, presentamos las siguientes alegaciones frente a los ejes estratégicos previstos en el II Plan Estratégico del Euskera. El plan prevé propiciar un cambio hacia el uso del euskera entre personas adultas y activar el uso de la lengua. Este cambio solo lo pueden realizar las personas con algún conocimiento de euskera o ningún conocimiento de dicha lengua desde la voluntariedad. Si una persona no tiene interés alguno, no importan los programas y recursos públicos que a ellos se destinen, no va a cambiar la situación. Sin embargo, impulsar una burbuja de programas puede tener una doble vertiente; puede llegar al despilfarro de recursos públicos, y puede acabar ejerciendo una presión encubierta para forzar a que personas adultas tengan que expresarse en euskera o adquirir algún conocimiento de la lengua vasca, sobre todo en entornos pequeños. Será la falacia que se autocumple: creando una necesidad inexistente se da visos de necesidad a aquello que no era necesario. Apoyar acciones de ocio en euskera o multiplicar los recursos y contenidos digitales en euskera en principio puede parecer incluso loable. Pero hay que tener en cuenta la voluntariedad de la ciudadanía navarra, la realidad sociolingüística y la demanda de estas actividades, recursos y contenidos en euskera. A una demanda minoritaria no se debe destinar una financiación desproporcionada, casi ilimitada, en primer lugar, porque los recursos públicos son limitados, y en segundo lugar, porque supone una discriminación hacia la mayoría castellanohablante, que no recibe financiación para actividades de ocio o contenidos digitales en español que sí demandan. En cuanto al ocio infantil, no se necesita promover lengua alguna, serán los propios niños y jóvenes los que escogerán la lengua de su preferencia para realizar sus actividades. Desarrollar deporte escolar en euskera o actividades como colonias o ludotecas en dicha lengua puede coartar la libertad de elección de lengua en el caso de que sea obligatoria, o discriminar a los hispanohablantes si la financiación de programas en euskera no se corresponde con la financiación de la demanda que pueda haber de las mismas acciones en castellano. Incluir en los pliegos de condiciones medidas para la presencia de euskera en actividades subvencionadas en el ámbito de ocio, cultura y deporte infantil y juvenil, de nuevo puede conducir a una discriminación de quienes quieran optar a estas subvenciones y no oferten euskera porque no hay demanda. Puede obligarles a tener que ofertar euskera y contratar a personal con conocimiento de euskera. También supone una discriminación para los usuarios que demanden estos servicios en español, que verán mermada la oferta. En el ámbito de los medios de comunicación, financiar medios en euskera siendo su alcance muy limitado, además de ser discriminatorio para los medios de comunicación en español, cuya demanda es mayor y su financiación no será por tanto proporcional a su uso, una vez más, puede suponer un coste excesivo para las arcas públicas. Además, si se pretende garantizar la cobertura del canal temático infantil ETB3 en toda Navarra, ¿qué sentido tiene que el canal infantil Clan emita parte de su programación en euskera? ¿O es que como contrapartida ETB3 emitirá parte de su contenido en español? Aumentar la presencia del euskera en comarcas donde su conocimiento es escaso, especialmente en zonas mixtas y no vascófonas, es una mera quimera. A día de hoy existen programas educativos (modelos A y D), programas de aprendizaje de euskera para adultos (euskalteguis) y una variada oferta cultural, digital y audiovisual subvencionada en euskera. Si más del 75% de nos navarros, especialmente en la mitad sur, no han tenido interés en aprenderlo ni que lo aprendan sus hijos en cuarenta años, por muchos programas de promoción que se lleven a cabo, no se va a incrementar el conocimiento y uso del euskera, salvo que con esos programas se pretenda ejercer una cierta coerción. Extender el modelo A y hacerlo obligatorio en toda Navarra con independencia de la realidad sociolingüística, el marco jurídico (LORAFNA, Ley Foral del Vascuence de 1986) y la voluntad de la mayoría de los navarros es uno de los mayores despropósitos del plan. Por un lado, se habla de prestigiar la lengua vasca y, por otro, se pretende imponer en contra de la voluntad de la mayoría un idioma que no desean conocer, eso sin mencionar el más que evidente adoctrinamiento ideológico que se realiza en los modelos lingüísticos en o con euskera y en las ikastolas. La oposición a esta medida por parte de Hablamos Español es contundente, como lo es de la mayoría de las familias que cuando hay libertad de elección de lengua en el sistema educativo ya han elegido un modelo que no incluye el euskera. Va contra la libertad y perjudica el prestigio de la lengua vasca, un prestigio que presuntamente se esgrime en este plan, además de ir contra la realidad sociolingüística y el actual marco jurídico. El aumento de la oferta en euskera en los ciclos de Formación Profesional o a nivel universitario tienen que ir parejos a la demanda real que exista de que se impartan asignaturas en euskera, ya que ello implica crear plazas docentes con requisito lingüístico (lo que discrimina a la mayoría de los navarros) y la financiación de estos planes lingüísticos. Lo mismo ocurre con las actividades extraescolares: tienen que basarse en la voluntariedad y su financiación ser acorde a la demanda real existente. En cuanto al aprendizaje del euskera por parte de personas adultas, si hay un ámbito donde no necesita realizarse ningún tipo de campaña es este. Las personas adultas ya tienen el criterio suficiente para discernir si quieren o no realizar el esfuerzo que supone el aprendizaje de la lengua vasca. Respecto de la ciudadanía que se traslada a Navarra, deberá respetarse, también, su libertad de elección. Perseguir el prestigio o el atractivo de una lengua minoritaria no es posible mediante imposiciones abiertas o coerciones, como lo son tener que aprender euskera para acceder un puesto de trabajo, o porque no se oferta un modelo lingüístico educativo sin euskera. Tampoco el evidente adoctrinamiento ideológico que se realiza en modelos A, D e ikastola contribuyen a prestigiar la lengua y cultura vasca. No es casualidad que desde la llegada al poder del cuatripartito de Barcos en 2015, cada vez más navarros sean reacios a la imposición lingüística. Medidas como las del Plan Estratégico elaborado por personas que tal vez tengan un sesgo ideológico e interés personal y laboral en extender la imposición de la lengua vasca, no van a contribuir al prestigio y atractivo del euskera en la mayoría de los navarros, sino todo lo contrario. Por otra parte, resulta bastante discutible hablar de consenso social cuando se ha dejado fuera de la elaboración del borrador a partidos de la oposición, sindicatos, medios de comunicación en español, asociaciones de padres y otro tipo de asociaciones y entidades de la sociedad civil no adscritas a un determinado espectro ideológico. En lo que se refiere a la función pública, el incremento de puestos bilingües supone una clara discriminación al acceso a la función pública de la mayoría de los navarros que no conocen la lengua vasca. Además, ya existen un número de plazas bilingües, plazas muy difíciles de cubrir mediante contrataciones y en ocasiones incluso oposiciones, y un número nada despreciable de personal que aun estando en plazas sin requisito lingüístico, conocen el vascuence y pueden atender en dicho idioma. Es necesario tener siempre presente que no podemos imponer una carga excesiva a la Administración y a la sociedad, a la par que cerrar las puertas al empleo público a la mayoría de los hispanohablantes. Así no se prestigia una lengua. La imagen corporativa de las Administraciones públicas, la cartelería, los impresos, la publicidad institucional, el paisaje lingüístico de la Administración todo bilingüe en primer lugar choca con la zonificación lingüística y por tanto con el marco jurídico. En segundo lugar, pretende trasladar a la sociedad la sensación de que vivimos en una sociedad bilingüe, cuando la realidad sociolingüística no es esa. Tememos que ese sea un primer paso para eliminar el español, bajo el pretexto de que ya es una lengua prestigiada y demás pseudoargumentos que se han utilizado en otras comunidades autónomas para que han desembocado en la situación actual de discriminación a los hispanohablantes y la exclusión del español que todos conocemos. En cuanto a documentación e impresos, en lugar de imponer una versión única bilingüe, podrían hacerse dos versiones separadas, una en castellano y otra en vascuence, que además de resultar más sencilla de utilizar, serviría como elemento para medir cual es la demanda real de vascuence en los servicios públicos. El plan habla de proteger y cuidar la toponimia de Navarra; se impone toponimia mayor y menor en vascuence, muchas veces de manera forzada, y en la zona vascófona en muchos municipios, ni siquiera se respeta la grafía castellana original y tradicional. Se imponen topónimos bilingües con una versión en vascuence forzada (y en muchos casos inventada) al ser un topónimo de origen romance, castellano o de otra lengua como el celta, latín, visigodo o incluso árabe. Por ejemplo, Lorca, topónimo cuyo origen es evidente que no procede de la lengua vasca, ya se ha impuesto su supuesta versión euskérica; Lorka. Sin embargo, en Leiza se ha impuesto como único oficial el topónimo en vascuence Leitza sin respetar su tradicional grafía castellana. En cuanto a profundizar la colaboración con entidades locales en materia lingüística recordar de nuevo que Navarra es muy diversa, y que además hay una zonificación lingüística y lo más importante, una realidad sociolingüística que trasciende leyes, ideologías y posicionamientos políticos. En todo caso hay que respetar la autonomía local, la zonificación lingüística y la realidad sociolingüística. En el ámbito del sector privado, con el plan estratégico se pretenden incrementar subvenciones y recursos para el uso del euskera en centros de trabajo. La extensión de subvenciones lo único que pretende, a la larga, es subvencionar puestos con perfiles lingüísticos, porque en caso contrario serán los propios trabajadores los que elegirán la lengua que quieren usar en el centro de trabajo correspondiente. La rotulación, imagen corporativa y etiquetado bilingües persigue, en realidad, dar la falsa sensación de un inexistente bilingüismo en la sociedad, dificulta a los usurarios la relación con los servicios y productos ofertados, y supone una presión sibilina destinada a ir obligando a la sociedad a “pasar por el aro”. Mensajes tales como “aprende euskera para poder tener un futuro laboral”, que es lo que en realidad buscan este tipo de planes, están muy alejados de una palabra que hay quienes parecen tener alergia; libertad de elección. Incorporar el euskera en la oferta formativa del Servicio Navarro de Empleo para personas desempleadas tiene el mismo objetivo; tener que aprender euskera para poder trabajar, ese el mensaje subliminal (o no tanto) que se pretende trasladar. En cuanto a apoyar a una red estructurada de agentes que producen productos o prestan servicios en euskera, supone una discriminación a la mayoría navarra no vascoparlante, cuyas actividades no producidas en lengua vasca no podrán acceder a ese apoyo que, en gran parte, se realizará de manera económica o mediante campañas publicitarias, y por tanto estarán en inferioridad de condiciones a la hora de competir en el mercado, salvo que acaben asumiendo la política lingüística bilingüe que entre otras cosas supondrá implantar perfiles lingüísticos con euskera en los puestos de trabajo en el sector privado suponiendo de nuevo una discriminación para la mayoría de navarros no vascohablantes. Por último, en cuanto al marco lingüístico en su aspecto jurídico, a nadie se le oculta que la pretensión del nacionalismo lingüístico, político y cultural panvasquista en Navarra es extender la zona vascófona a toda Navarra modificando o forzando el actual marco normativo en contra de la mayoría de la sociedad navarra. Además, ese proyecto lingüístico no pretende un bilingüismo real, sino la sustitución del castellano por una sociedad monolingüe en vascuence. En ese proceso de transición, lo que se va a producir es la discriminación de la mayoría no vascoparlante, y la presión para que la ciudadanía tenga que aprender vascuence, sobre todo para poder acceder a puestos de trabajo tanto en el sector público como privado o a las multitudes subvenciones que se pretenden poner en marcha en todos los ámbitos de la sociedad. El plan alega que pretende el prestigio social y la valoración positiva de la lengua vasca en Navarra, pero mediante la imposición, la discriminación, la falta de libertad, el adoctrinamiento ideológico en todos los modelos educativos en o con euskera y la vinculación ideológica evidente de la lengua vasca monopolizada por el nacionalismo político panvasquista en Navarra, conseguir en estos momentos ese prestigio social se antoja cuanto menos una quimera muy lejana en el tiempo si no imposible. Para rizar el rizo, el borrador del plan se ha realizado únicamente entre organismos y entidades que viven del euskera y/o se encuentran vinculadas al nacionalismo vasco tanto político como cultural. Ni sindicatos no nacionalistas, ni partidos políticos no nacionalistas, ni medios de comunicación en castellano ni ningún tipo de entidad o asociación no vinculada económica o políticamente al euskera han tenido posibilidad alguna de participar en la elaboración del borrador, lo que demuestra las verdaderas intenciones del II plan estratégico del euskera. Atentamente, Asociación Hablamos Español

Adjuntamos documento con nuestras alegaciones. Muchas gracias

Erantsita doa Euskarabideak aurkeztu duen plan estrategikoaren zirriborroaren gainean egindako ekarpenak biltzen dituen dokumentua. Ekarpenak dokumentuan bertan egin dira, iruzkinen bidez.

Las aportaciones completas se recogen en el PDF adjunto. Este texto es sólo la introducción. Si bien el planteamiento inicial del Plan es incontestable y asumible por cualquiera (y en concreto por esta asociación), su desarrollo tiene varios problemas generales: - Problemas metodológicos. Tanto los datos como la presentación de los datos en los que se basa (teóricamente) el análisis que precede a la propuesta de estrategias y acciones, adolecen de problemas serios. - Problemas de hipótesis. Las conclusiones que se pretenden extraer no se corresponden con lo que respaldan los datos (incluso tal como se presentan), incorporando hipótesis no sustentadas y de gran importancia como los supuestos beneficios intrínsecos de la lengua vasca, su derecho incontestable a un papel concreto en la sociedad navarra por encima de los derechos individuales, o incluso que se está infringiendo la ley en contra de sus hablantes. - Problema de prioridades. El Plan en su conjunto presenta un problema grave de falta de mesura. Se contempla el fomento de la lengua vasca como fin primordial, sin matizarlo con la promoción de otros fines y derechos no menos importantes para la ciudadanía, que es, al fin y al cabo, la titular de esos derechos. Los idiomas no los tienen; las personas sí, entre ellos el de usar su lengua materna sin sufrir discriminación ni desventaja competitiva inducidas por la administración pública, algo que no se asegura en este Plan. La incorporación de esta defensa de otros derechos en la definición de las políticas, como criterio y como medida, sería muy recomendable. - Problema de medición. El Plan prevé la medición de resultados (lo que es de alabar) pero no tiene en cuenta la medición de medios. La variedad, profusión y dispersión de medidas propuestas para dedicar financiación pública, directa e indirectamente, a la promoción de la lengua vasca en Navarra es tal que exige un control también de los recursos dedicados. Es esencial un mecanismo de transparencia que permita a la ciudadanía visualizar el coste completo de las políticas de fomento de la lengua vasca, que pagamos todos los navarros. Nos parece, en conclusión, que el plan como está plantado puede generar efectos contrarios a los que dice buscar y perjudicar a la ciudadanía navarra en aspectos importantes, generando a la vez un colectivo económicamente dependiente de los fondos públicos y de las políticas lingüísticas que se los otorgan. CONCLUSIONES Si bien el catálogo de medidas incluye muchas que parecen inofensivas (o que podrían ser muy positivas en su justa medida, como la 1.7.2 del apartado 4.1), la acumulación no lo es. Las medidas propuestas se resumen en la asignación de fondos públicos a todas las actividades que facilitan o promuevan el uso de la lengua vasca. Esto se llama “manipulación del mercado”, creando una demanda subvencionada (o directamente pública) de servicios, distinta de la que genera la “realidad sociolingüística”. Una industria del euskera artificial, una burbuja subvencionada que, como ya se ha demostrado sobradamente tanto en la CAV como en Cataluña y reflejan los propios datos de Euskarabidea, no resulta en mayor demanda sostenida real sino en un grupo de profesionales movilizado en apoyo de las políticas que justifican su ocupación o aseguran su competitividad. El punto 1.5 es especialmente diáfano, al plantear la financiación de medios de comunicación sin mercado real, o de contenidos sin demanda real. El punto 2.3 incluye medidas que ya se han desacreditado ampliamente en la CAV al resultar en formación dada en un idioma que no se domina por personas que no lo dominan, pero generan empleo para los dispuestos a participar en el sistema. Como ya se ha dicho, en abstracto no cabe dudar del derecho de quien gana unas elecciones a promover lo que quiere, ni del interés de la lengua vasca para la cultura de Navarra. En el plano concreto este derecho tiene dos límites: - La proporcionalidad entre los recursos dedicados y la importancia del objetivo. Aumentar el uso de la lengua vasca en Navarra creando una industria dependiente de las subvenciones e inflando o deformando las contrataciones públicas tiene que tener unos límites, y tiene que poderse medir. Es decir, para empezar, debe cuantificarse con claridad lo que cuesta a Navarra la implementación de estos Planes (acumulando gastos de las distintas administraciones y comparando con situaciones anteriores), para que la ciudadanía pueda juzgar si le parece apropiado. Todo esto se echa de menos en el apartado 5 de Seguimiento y Evaluación. - Los derechos de los navarros. Tanto el derecho a la educación en lengua materna como el del acceso al empleo público en igualdad (sin que se primen conocimientos en un grado o en una zona injustificados por la realidad sociolingüística), a la contratación pública sin parcialidades, a recibir el mejor servicio público posible, o el de libre concurrencia sin manipulaciones de mercado, o incluso el de libertad de opinión. En todo el plan se echa de menos una visión clara de la priorización de los derechos afectados, que permita garantizar que la promoción de unos no resulte en el daño a otros, que además son objetivamente mucho más importantes y que también gozan de protección legal. Entendemos que es muy recomendable, por todo lo anterior: - Mejorar las fuentes de datos, incorporando la perspectiva de navarros que conviven con las políticas lingüísticas sin ser (ni tener interés en ser) vascófonos. De otro modo es difícil que se tengan en consideración sus intereses y se consiga la mejora de reputación del idioma y el consenso en torno a estas políticas. - Mejorar el análisis, expurgando hipótesis no sustentadas en datos, que deforman el peso dado a las diferentes prioridades que debe manejar la administración pública. - Revisar el plan y las medidas propuestas asumiendo cual es la realidad social y lingüística de Navarra que se quiere respetar (como dicta la ley) para poner en perspectiva las medidas que se proponen, mejorando el componente de voluntariedad, e incorporando explícitamente la toma en consideración de otras perspectivas para asegurar todos los derechos legales de los ciudadanos sin necesidad de recurrir (como en el periodo anterior) a la administración de Justicia. - Dotar al plan de mayor transparencia en los recursos, de modo que las partidas dedicadas a fomentar el uso de la lengua vasca (tanto directa como indirectamente, en subvenciones, nuevas contrataciones, servicios consumidos o cualquier otra partida derivada de estas políticas, incluyendo la elaboración de informes) se puedan identificar en todos los presupuestos, y se agreguen a nivel foral para que su coste real para todos los navarros sea visible.

Se adjunta documento con aportaciones

La página 57 del borrador incluye lo siguiente: "2.3.2 Estudiar la posibilidad de universalizar el conocimiento mínimo del euskera a través de la escolarización (lo que ofrece el modelo A) para que todos los niños y niñas de Navarra, en su proceso de escolarización, tengan relación con el euskera, lengua propia de Navarra". Como padre de alumnos en edad escolar que he escolarizado de manera voluntaria en el modelo G, me opongo, como una gran parte de padres y alumnos, a la universalización del modelo A y por tanto la supresión del modelo G que he elegido haciendo uso de mi libertad de elección de lengua. El borrador del II Plan habla constantemente de reforzar el consenso social en torno al euskera y mejorar la valoración social de la lengua vasca pero dificilmente se va a conseguir este objetivo si a la mayoría de los navarros (casi el 80% en datos manejados por vosotros) no conocemos ni tenemos interes (hemos tenido 40 años para aprender euskera y no lo hemos hecho) se nos impone el modelo A. Por tanto, exigo mi derecho de libertad de elección de lengua, derecho al que no voy a renunciar, exigo la retirada de esta medida del futuro Plan, y manifiesto que dificilmente se conseguirá por la fuerza (de la ley, reglamentos, instrucciones, subvenciones....) conseguir mejorar la valoración social del euskera en la mayoría si se adoptan decisiones de imposición y que coartan nuestra libertad. Actualmente hay cuatro modelos para elegir (modelos A, B, D y G) y si queremos poder convivir y garantizar los derechos de todos así deben de seguir los modelos linguisticos.

En el archivo adjunto remitimos las aportaciones de Cruz Roja Navarra para el borrador del Plan de Acogida a las Personas Migrantes.

En el archivo adjunto remitimos las aportaciones de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Leitza, Goizueta, Areso y Arano.

Tus aportaciones enriquecerán y ayudarán a mejorar la propuesta de plan de voluntariado en Navarra para los próximos años. Puedes hacerlo a través del cuestionario enlazado en su espacio correspondiente o aportar desde aquí de manera más abierta.

Hurrengo urteetan zure ekarpenek aberastu eta hobetzen lagundu dute Nafarroako ekintzailetza planaren proposamena. Ekarpenak bi modutan egin ditzakezu: honako honi atxikitako galde-sortaren bidez edo, hemen, modu irekiagoan.

PRIMERO: INTRODUCCIÓN. MARCO DESDE EL QUE SE REALIZAN LAS PRESENTES APORTACIONES. La actividad de Salhaketa Nafarroa se circunscribe a la defensa de los derechos de las personas presas, expresas y sus familiares. No obstante, en nuestro trabajo diario, tratamos de prestar especial atención a las diversas realidades que se engloban dentro del término “persona presa”. Esto es así porque, si ya de por sí las personas presas vienen, se encuentran y/o se ven abocadas a contextos de exclusión social, esta exclusión se acentúa si concurren en ellas otras realidades concretas que incrementan su riesgo de exclusión: mujer presa, persona migrante presa, persona con diversidad funcional presa… Por medio de estas aportaciones, queremos visibilizar y solicitar la inclusión en el plan de medidas que afectarán y beneficiarán a la totalidad de las personas migrantes y, específicamente, a las personas migrantes presas. La mayor problemática a la que se enfrentan las personas migrantes presas es a la pérdida de su regularidad administrativa y/o a la imposibilidad de regularizarse. Esto es así porque la legislación de extranjería establece como condición para solicitar una autorización de residencia y/o mantener la misma, carecer de antecedentes penales. Esta situación de irregularidad y práctica imposibilidad de regularización supone: limitaciones en la evolución del tratamiento penitenciario (denegación de permisos, no progresión de grado…), limitaciones y/o imposibilidades a la hora de llevar a cabo un proceso de inclusión social (trabas en el acceso a servicios sociales, acceso a formación, acceso al mercado laboral…) y, en última estancia, la expulsión del territorio nacional y consecuente pérdida de todos los lazos familiares y sociales creados. Desde esta perspectiva ha de tenerse en cuenta que la Constitución Española establece que las penas privativas de libertad tienen como finalidad la reinserción y la resocialización de las personas presas. Esta finalidad también debe de ser aplicable a las personas migrantes siendo que su proceso reinsertador no puede verse truncado por la pérdida de vigencia de su autorización de residencia a causa de sus antecedentes penales. No obstante, como mencionábamos anteriormente, las medidas que aquí proponemos no benefician exclusivamente a las personas presas migrantes si no que benefician al conjunto de la población migrante en tanto en cuanto hay muchas personas que, aún no habiendo entrado a prisión, cuentan con antecedentes penales que les abocan a una situación de irregularidad sobrevenida o les impide su regularización. Por ello, la realidad de como la existencia de antecedentes penales (hayan supuesto estos o no el ingreso en prisión) afecta a las personas extranjeras debe ser tenida en cuenta y, en consecuencia, este plan debe incluir medidas concretas tendentes a eliminar o mitigar estas situaciones. Para finalizar, señalaremos que el presente Plan de Acogida a Personas Migrantes de Navarra 2021-2026 contiene en su texto una serie de elementos de partida que, entendemos, hacen perfectamente incardinables en el mismo las propuestas que aquí realizamos. Estos elementos son los siguientes: - Se establece que un elemento clave del plan es la interseccionalidad para garantizar una acción social multidimensional que considere los diferentes ejes de desigualdad y responda desde una perspectiva ecosistémica a las distintas potencialidades, necesidades y aspiraciones de las personas. - El Plan de enmarca dentro de los ODS 2030. Entre ellos se encuentran el objetivo 10 “reducción de las desigualdades”, objetivo 16 “paz, justicia e instituciones sólidas” y objetivo 17 “alianzas para lograr los objetivos. - A lo largo del plan se señala en varias ocasiones la problemática especial de las personas migrantes en situación irregular. Por todo ello consideramos esencial incluir en el plan la perspectiva y realidad que hemos expuesto más arriba. Así mismo, solicitamos la inclusión de las propuestas que a continuación se detallan. SEGUNDO: APORTACIONES AL PLAN DE ACOGIDA A PERSONAS MIGRANTES DE NAVARRA 2021-2026. APORTACIÓN 1: Eliminación del padrón como cauce para acceder a los diversos recursos y ayudas. Muchas personas presas no puede mantener su padrón en el momento que entran en prisión y otras no pueden empadronarse en la cárcel de Pamplona. Además, hay personas que teniendo su arraigo en Pamplona son trasladadas a otros centro penitenciarios fuera de Navarra. Esto dificulta la atención y acceso por parte de los Servicios Sociales de base así como el acceso a recursos y ayudas. Por ello solicitamos que el padrón no sea la única herramienta para acceder a los recursos y ayudas. En el caso de las personas presas migrantes con arraigo en Navarra que se encuentre cumpliendo condena en la cárcel de Pamplona o en cualquier otro centro penitenciario, puedan acceder a los recursos y ayudas acreditando su estancia en prisión. Deberá determinarse además cual ha de ser el Servicio Social de base de referencia para estas personas que carezcan de padrón. APORTACIÓN 2: Habilitación de vías de acceso al mercado laboral y a la formación para la capacitación profesional y mejora de la empleabilidad. La legislación penitenciaria considera el trabajo una parte fundamental del tratamiento penitenciario. Desde esta perspectiva la posibilidad de acceso al trabajo o la mejora de la empleabilidad es fundamental para las personas presas. Sin embargo, las personas presas extranjeras que se encuentran en situación de irregularidad se encuentran con grandes dificultades para acceder a puestos de trabajo o a cursos para mejorar su empleabilidad. Dentro de la competencia de Gobierno de Navarra deberían implementarse medidas para permitir la contratación de estas personas en los supuestos en los que no tengan derecho a acceder a las tarjetas de trabajo de penados o, en su caso, generar empleo protegido para personas que se encuentren en esta situación. Además, es necesario que se permita el acceso a la formación a las personas presas extranjeras que se encuentran en situación de irregularidad. Será necesario permitirla tanto a la formación ofrecida por las entidades de inserción socio laboral como por el Servicio Navarro de Empleo. Así mismo se deberá garantizar el acceso a cursos de capacitación profesional. APORTACIÓN 3: Expedición del informe de esfuerzo de integración. El mantenimiento o acceso a la situación administrativa regular se ve en muchas ocasiones imposibilitada o condicionada por la tenencia de antecedentes penales. En ocasiones, la legislación de extranjería permite aportar a un expediente de regularización, cuando no se cumplen todos los requisitos, un informe de esfuerzo de integración. Dicho informe se elabora por el Departamento de Políticas Migratorias de forma muy limitada y previo requerimiento de la Oficina de Extranjería al ciudadano. Es necesario que cualquier persona en situación administrativa irregular pueda solicitar el informe de esfuerzo de integración sin requerimiento previo de la Oficina de Extranjería. Máxime será necesario que se permita a aquellas personas presas o con antecedentes penales para poder acreditar su esfuerzo de reinserción. APORTACIÓN 4: Acceso al proceso de valoración de discapacidad. Actualmente las personas en situación administrativa irregular no pueden acceder al proceso de valoración de discapacidad. En el caso de las personas migrantes presas o expresas o con antecedentes penales que se encuentran en situación irregular el acceso a este servicio se bloquea durante todo el tiempo que se tiene antecedentes penales y no se pueden regularizar. Es preciso permitir el acceso al proceso de valoración de la discapacidad a estas personas para poder realizar un buen proceso de inserción social. APORTACIÓN 5: Atención a las personas jóvenes presas ex tuteladas por Gobierno de Navarra durante su minoría de edad. La gestión que se ha venido haciendo de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas ha llevado a que muchas de ellas, al cumplir la mayoría de edad, hayan sido condenadas a penas de prisión y se encuentren actualmente en la cárcel. Actualmente, en la cárcel de Pamplona, hay muchos jóvenes presos que anteriormente habían sido tutelados como “MENAS”. Es necesario abordar esta situación y habilitar un programa integral para trabajar con éstas personas y favorecer su paulatina puesta en libertad con un proceso acompañado de inserción social. APORTACIÓN 7: Apuesta por la modificación de la legislación de extranjería. Apostar, dentro de las áreas de coordinación con el Estado, por una reforma de la legislación de extranjería, donde se deje de considerar los antecedentes penales como requisito de regularización o mantenimiento de la situación administrativa regular. Exigir dicho requisito vacía de contenido al artículo 25 de la Constitución que establece que las penas privativas de libertad tienen como finalidad la reinserción y la resocialización.