Comentarios al borrador

Las aportaciones completas se recogen en el PDF adjunto. Este texto es sólo la introducción. Si bien el planteamiento inicial del Plan es incontestable y asumible por cualquiera (y en concreto por esta asociación), su desarrollo tiene varios problemas generales: - Problemas metodológicos. Tanto los datos como la presentación de los datos en los que se basa (teóricamente) el análisis que precede a la propuesta de estrategias y acciones, adolecen de problemas serios. - Problemas de hipótesis. Las conclusiones que se pretenden extraer no se corresponden con lo que respaldan los datos (incluso tal como se presentan), incorporando hipótesis no sustentadas y de gran importancia como los supuestos beneficios intrínsecos de la lengua vasca, su derecho incontestable a un papel concreto en la sociedad navarra por encima de los derechos individuales, o incluso que se está infringiendo la ley en contra de sus hablantes. - Problema de prioridades. El Plan en su conjunto presenta un problema grave de falta de mesura. Se contempla el fomento de la lengua vasca como fin primordial, sin matizarlo con la promoción de otros fines y derechos no menos importantes para la ciudadanía, que es, al fin y al cabo, la titular de esos derechos. Los idiomas no los tienen; las personas sí, entre ellos el de usar su lengua materna sin sufrir discriminación ni desventaja competitiva inducidas por la administración pública, algo que no se asegura en este Plan. La incorporación de esta defensa de otros derechos en la definición de las políticas, como criterio y como medida, sería muy recomendable. - Problema de medición. El Plan prevé la medición de resultados (lo que es de alabar) pero no tiene en cuenta la medición de medios. La variedad, profusión y dispersión de medidas propuestas para dedicar financiación pública, directa e indirectamente, a la promoción de la lengua vasca en Navarra es tal que exige un control también de los recursos dedicados. Es esencial un mecanismo de transparencia que permita a la ciudadanía visualizar el coste completo de las políticas de fomento de la lengua vasca, que pagamos todos los navarros. Nos parece, en conclusión, que el plan como está plantado puede generar efectos contrarios a los que dice buscar y perjudicar a la ciudadanía navarra en aspectos importantes, generando a la vez un colectivo económicamente dependiente de los fondos públicos y de las políticas lingüísticas que se los otorgan. CONCLUSIONES Si bien el catálogo de medidas incluye muchas que parecen inofensivas (o que podrían ser muy positivas en su justa medida, como la 1.7.2 del apartado 4.1), la acumulación no lo es. Las medidas propuestas se resumen en la asignación de fondos públicos a todas las actividades que facilitan o promuevan el uso de la lengua vasca. Esto se llama “manipulación del mercado”, creando una demanda subvencionada (o directamente pública) de servicios, distinta de la que genera la “realidad sociolingüística”. Una industria del euskera artificial, una burbuja subvencionada que, como ya se ha demostrado sobradamente tanto en la CAV como en Cataluña y reflejan los propios datos de Euskarabidea, no resulta en mayor demanda sostenida real sino en un grupo de profesionales movilizado en apoyo de las políticas que justifican su ocupación o aseguran su competitividad. El punto 1.5 es especialmente diáfano, al plantear la financiación de medios de comunicación sin mercado real, o de contenidos sin demanda real. El punto 2.3 incluye medidas que ya se han desacreditado ampliamente en la CAV al resultar en formación dada en un idioma que no se domina por personas que no lo dominan, pero generan empleo para los dispuestos a participar en el sistema. Como ya se ha dicho, en abstracto no cabe dudar del derecho de quien gana unas elecciones a promover lo que quiere, ni del interés de la lengua vasca para la cultura de Navarra. En el plano concreto este derecho tiene dos límites: - La proporcionalidad entre los recursos dedicados y la importancia del objetivo. Aumentar el uso de la lengua vasca en Navarra creando una industria dependiente de las subvenciones e inflando o deformando las contrataciones públicas tiene que tener unos límites, y tiene que poderse medir. Es decir, para empezar, debe cuantificarse con claridad lo que cuesta a Navarra la implementación de estos Planes (acumulando gastos de las distintas administraciones y comparando con situaciones anteriores), para que la ciudadanía pueda juzgar si le parece apropiado. Todo esto se echa de menos en el apartado 5 de Seguimiento y Evaluación. - Los derechos de los navarros. Tanto el derecho a la educación en lengua materna como el del acceso al empleo público en igualdad (sin que se primen conocimientos en un grado o en una zona injustificados por la realidad sociolingüística), a la contratación pública sin parcialidades, a recibir el mejor servicio público posible, o el de libre concurrencia sin manipulaciones de mercado, o incluso el de libertad de opinión. En todo el plan se echa de menos una visión clara de la priorización de los derechos afectados, que permita garantizar que la promoción de unos no resulte en el daño a otros, que además son objetivamente mucho más importantes y que también gozan de protección legal. Entendemos que es muy recomendable, por todo lo anterior: - Mejorar las fuentes de datos, incorporando la perspectiva de navarros que conviven con las políticas lingüísticas sin ser (ni tener interés en ser) vascófonos. De otro modo es difícil que se tengan en consideración sus intereses y se consiga la mejora de reputación del idioma y el consenso en torno a estas políticas. - Mejorar el análisis, expurgando hipótesis no sustentadas en datos, que deforman el peso dado a las diferentes prioridades que debe manejar la administración pública. - Revisar el plan y las medidas propuestas asumiendo cual es la realidad social y lingüística de Navarra que se quiere respetar (como dicta la ley) para poner en perspectiva las medidas que se proponen, mejorando el componente de voluntariedad, e incorporando explícitamente la toma en consideración de otras perspectivas para asegurar todos los derechos legales de los ciudadanos sin necesidad de recurrir (como en el periodo anterior) a la administración de Justicia. - Dotar al plan de mayor transparencia en los recursos, de modo que las partidas dedicadas a fomentar el uso de la lengua vasca (tanto directa como indirectamente, en subvenciones, nuevas contrataciones, servicios consumidos o cualquier otra partida derivada de estas políticas, incluyendo la elaboración de informes) se puedan identificar en todos los presupuestos, y se agreguen a nivel foral para que su coste real para todos los navarros sea visible.