Las propuestas que queremos aportar desde Greenpeace las desarrollamos en el documento adjunto:

Las propuestas que queremos aportar desde Greenpeace las desarrollamos en el documento adjunto:

El incesante crecimiento en la generación de residuos y su pésima gestión se ha convertido en un problema de primer orden, a escala planetaria. Administraciones públicas y gestores privados han considerado estos residuos como desechos que hay que hacer desaparecer y han optado por su incineración o depósito en vertederos. Para poder afrontar el reto de la gestión de los residuos es necesario asumir un objetivo de generación 0 residuos para 2030. Alcanzar esta meta es rentable económica, social y ambientalmente y solo se necesita voluntad política. En Navarra la aprobación del plan de gestión de residuos de Navarra 2017-2027 así como la nueva ley de Residuos y su fiscalidad a puesto a esta comunidad en un buen camino hacia una mejora en la gestión de residuos. Sin embargo es necesario ser ambiciosos y poner en marcha mecanismos para que se puedan dar más pasos adelante. Por eso desde Greenpeace proponemos: > Priorizar la recogida selectiva y el compostaje de biorresiduos Puerta a Puerta. El tratamiento de estos, cuando no pueda ser doméstico, debe realizarse en pequeñas plantas de compostaje, públicas y descentralizadas ubicadas lo más cerca posible al lugar de generación de los biorresiduos. > Fomentar las técnicas de gestión de residuos que supongan la disminución de emisiones (reducción, reutilización, reciclaje) y desechar definitivamente las que contribuyan de forma neta al cambio climático (incineración y vertederos), lo que se conoce como “Residuo Cero”. > La creación un sistema integral de devolución y retorno de envases (SDDR) > Descartar definitivamente la quema de residuos en la cementera de Portland. > Descartar de la gestión de los residuos la valorización energética (incineración, arco de plasma, pirólisis...) así como el vertido masivo en basurero, al tratarse todos ellos de métodos finalistas de eliminación. > Potenciar la recuperación material y el reciclaje ya que son una fuente indiscutible de empleo verde. > Descartar el nuevo Centro de Tratamiento de Residuos en Imárcoain. > Establecer una transición ecológica de la economía desde las administraciones locales, por su cercanía con las personas, que ayude a modificar los hábitos de consumo, alimentación, transporte, reutilización de materiales y de consumo de la energía; exigir la durabilidad y reparabilidad de los productos, prohibir la obsolescencia programada y fomentar la aplicación de tasas por generación de residuos a la ciudadanía. > Aplicación de una tasa por generación de residuos. La aplicación de una tasa por generación, o el pago por generación (PxG o pay-as-you-throw, PAYT por sus siglas en inglés) hace referencia a un sistema de gestión de residuos que permite que ciudades y municipios puedan atribuir a cada usuario un coste basado en la cantidad de residuos que ha generado. Además de que este sistema sea más justo, ya que quien genera más residuos paga más, genera un incentivo entre la ciudadanía que mejora los niveles de reducción y reciclaje.

No se puede frenar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la sequía ni la “erosión” rural si no actuamos sobre el modelo agroalimentario. El actual modelo es el responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, del consumo del 70% del agua dulce del planeta, pero también el principal responsable de su contaminación, principalmente por nitratos, del 75% de la deforestación y del uso masivo de plaguicidas y de antibióticos en la ganadería industrial. También las emisiones de amoniaco, derivadas principalmente de la agricultura, son un gran problema ambiental y España lleva 10 años sin conseguir cumplir los umbrales establecidos por la UE, lo que podría dar lugar a un procedimiento de infracción y una multa. Pero, hay alternativas y son la única forma de enfrentarnos a los retos presentes y futuros en cuanto a la producción de alimentos. La agricultura ecológica ha verificado en España un crecimiento vertiginoso y es un motor generador de empleo y riqueza incluso durante la difícil situación económica. Lamentablemente, la ganadería ecológica no ha evolucionado al mismo ritmo. Debido a la creciente concienciación de la ciudadanía, la demanda de productos ecológicos crece a un ritmo muy superior al de la oferta. Navarra es la quinta comunidad autónoma con la mayor superficie agrícola relativa dedicada a la agricultura ecológica (casi un 7 % de la superficie agrícola utilizada (SAU). Sin embargo, existe aún un amplio margen de crecimiento y por ello debe seguir este camino. Sin embargo, el uso creciente de maíz transgénico entra en contradicción con la apuesta decidida por un modelo de agricultura realmente sostenible. Para garantizar un crecimiento continuado de la agricultura y producción ecológica hace falta una apuesta decidida y valiente por este modelo de producción. La agricultura ecológica es una inversión de futuro y segura y los “intereses” que reporta benefician a todas las personas, desde el productor al consumidor, y también al Planeta. Por ello se propone: > Establecer objetivos cuantitativos de reducción de emisión de GEI relativos al sector agrícola. Desde Greenpeace se propone una reducción de 42% para 2030 en respecto a 1990 y del 64% para 2050. > Se desarrolle un nuevo plan de agricultura ecológica con objetivos cuantitativos de incremento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica (alcanzar al menos el 30% de la SAU para 2030 y el 100% para 2050). > Se apoye decididamente la producción ecológica con programas de formación y asesoramiento que permitan la incorporación de nuevos/as productores/as, con especial atención a personas desempleadas o en riesgo de exclusión social. > Se aplique la nueva Ley de Contratación Pública y la Ley para la promoción de Una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada para que así se garantice una dieta sana y sostenible, baja en proteína animal, y la oferta de productos ecológicos, locales y de temporada en el sector público (enseñanza, hospitales, administración pública, comedores sociales, prisiones, actos públicos, etc.) y se incentive estas mismas prácticas en el sector privado. > Más ciudades firmen el Pacto de Milán y pongan en marcha iniciativas para cumplir sus objetivos. > Se establezca un calendario y objetivos claros de reducción de uso de plaguicidas, empezando por aquellos que son peligrosos para las abejas y otros insectos polinizadores y para las personas. En concreto se propone una reducción del uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos del 50% para 2023. Además es necesario poner en marcha programas de prevención y control de plagas basados en los métodos y técnicas ecológicos que fomenten la biodiversidad en las explotaciones y fuera de ellas. > Se prohíba el uso del glifosato en sus usos en jardinería urbana y de conservación y se presente un plan de transición para su total eliminación en la agricultura. > Se cumpla la obligación, impuesta desde enero de 2014, de que todos los productores europeos apliquen la gestión integrada de plagas en sus explotaciones. > Se incremente la recogida selectiva de los residuos orgánicos y su compostaje para reducir la dependencia de fertilizantes químicos, mejorar la fertilidad del suelo y frenar los procesos de erosión. > Se prohíban los cultivos transgénicos comerciales, y experimentales al aire libre, al amparo de la nueva legislación europea sobre cultivos transgénicos y teniendo en consideración las conclusiones del Informe Técnico núm. 256 del Gobierno de Aragón. No se aprueben los nuevos proyectos de ganadería industrial ni la ampliación de los existentes y se apoye la producción ecológica y local. Desde Greenpeace proponemos controlar la carga ganadera sobre el territorio estableciendo el límite en un máximo de 1,5 UGM/ha/año. > Contemplar medidas para reducir el desmesurado consumo de carne en Navarra y para la adopción de una “dieta de salud planetaria” tal y como propone la ciencia. > Identificar las zonas agrícolas más vulnerables al cambio climático y desarrollar un plan de adaptación y recuperación de estas zonas basado en la agroecología. > Apostar por una Política Agrícola Común (PAC) con ambición climática y de protección de la biodiversidad que permita la transición hacia un modelo 100% agroecológico y que deje de financiar la agricultura y ganadería industriales.

Uno de los principales efectos del cambio climático tras el aumento de la temperatura global será un aumento de las sequías y por lo tanto una reducción de la disponibilidad de los recursos hídricos. Este escenario hace que la buena gestión de los recursos hídricos sea crucial para mitigar los efectos adversos del cambio climático. Sino se pondrá en peligro el abastecimiento (como ya ha sucedido en anteriores años) y el mantenimiento de los caudales ecológicos necesarios para mantener en buen estado todos los ecosistemas acuáticos imprescindibles para dotar de agua en cantidad y calidad suficiente para el abastecimiento humano. En la mitad sur de Navarra donde el clima es más árido y por lo tanto el agua más escasa y donde la agricultura intensiva es más importante, es urgente replantear qué y cuánto se está regando. Cultivos tradicionalmente de secano han pasado a ser intensamente regados y dependientes del agua, lo que en una situación de escasez, cada vez más frecuente como consecuencia del CC pone en serio peligro la agricultura. En todo el territorio de Navarra pero sobre todo en el norte, el principal problema son los numerosos obstáculos (presas y azudes) presentes en los ríos que además de crear un obstáculo para la continuidad del ecosistema además las derivaciones del agua no respetan los caudales ecológicos establecidos. Otro aspecto a considerar es el control de las extracciones ilegales de agua (pozos, ríos, acequias) que pone en serio peligro la reservas futuras de aguas subterráneas. La sobreexplotación y la falta de control también pone en riesgo de contaminación los acuíferos por lo que es imprescindible un control y un mantenimiento de los parámetros ecológicos y químicos de todas las masas de agua en Navarra. Por todo ello, Greenpeace propone: > Aumentar y mejorar la depuración y regeneración/reutilización de aguas depuradas. > Mejorar en la calidad del vertido de las aguas residuales tras la deficiente depuración de sus principales municipios a los ríos y costa. > Controlar y cerrar pozos y extracciones ilegales de agua. > Implantar caudales ecológicos atribuidos con criterios científicos en los cursos fluviales según lo establecido en la planificación hidrológica y la Directiva Marco del Agua, y revisarlos en función de la evolución de las variables climáticas. > La interconexión de las redes de abastecimiento sólo debe hacerse en casos excepcionales como medida para garantizar el abastecimiento de agua potable, sin que ello conlleve a un trasvase permanente entre cuencas. Además, no debe reducir de modo irreversible el caudal ecológico aguas abajo del punto de captación. > Abandonar cualquier plan para construir nuevos embalses. > Revertir todos los procesos de privatización en la gestión municipal del agua volviendo a un modelo de gestión pública.

Eztabaidarako dokumentuak "KOHESIOA" hitza agertzen da azalean, baina dokumentuan, baina ez da LGTBi kolektiboa aipatzen. Demagun gizartearen %10 dela kolektibo horren parte. Gehienak, oraindik ere, diren bezala agertzeko beldurrez, bizitzaren arlo batzuetan edo guztietan. Gehi gizarte LGTBIfobiko batean bizitzeak dakartzan ondorioak: aukera gutxiago lan arloan, jazarpena lan arloan, eskolan, etab. Gizarte kohesionatu bat horrela, zaila. 2015. urtera arte Nafarroako Administrazioak ez zion gai honi heldu. Urte horretan hasi ziren pauso txikiak ematen, baina legegintzaldi honetan berriz ere atzera egin dugu: Aurreko legegintzaldian, LGTBI+ pertsonei arreta emateko, Kattalingune zerbitzua sortu zuen Nafarroako Gobernuak, eta Harrotu zerbitzua Iruñeko Udalak. Harrotuk ongi samar funtzionatzen zuen, eta Kattalingunek gaizki, oso baliabide eskasak zituelako Nafarroa guztiari behar bezalako arreta emateko. Legegintzaldi honetan, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua ados jarri dira Harrotu zerbitzua desmantelatzeko: hau da, ongi funtzionatzen zuen zerbitzua kendu, eta gaizki eta baliabide eskasak zituenak hartuko du horrek betetzen zuen lana. Atzerapausoa da Nafarroako LGTBI+ populazioarentzat eta, oro har, Nafarroako kohesioarentzat. Suspertu planak Nafarroako LGTBI+ kolektiboa aintzat hartu behar du, eta aurrera egiteko, ez atzerapausoak emateko.

Oso deigarria da eztabaidarako dokumentuak "KOHESIOA" hitza izatea azalean eta dokumentuan euskara ez aipatzea. Euskara da, legez, Nafarroako hizkuntza propioetako bat, eta Nafarroako populazio euskaldunak eta euskaltzaleak beti sentitu du eraso egin diotela erakundeek, eta defendatu egin behar duela. Horrek ez dio batere laguntzen Nafarroaren kohesioari. -Konfinamenduaren zatirik gogorrena igaro dugu, eta Nafarroako toki gehienetako haurrek ez dute aukerarik izan euskaraz dagoen haurren TBko kanal bakarra, ETB3, ikusteko. Besteak beste, bereziki euskaldunak diren Baztanen eta Sakanan gertatzen da hori. Nafarroako Gobernuak eta Espainiako Gobernuak konpondu dezakete hau, baina ez dute borondaterik. -Kohesiorako oso kaltegarria da, halaber, komunitate euskaldunak eta euskaltzaleak sentitzea Hezkuntza Departamentuak euskararen kontrako jarrera duela. Konfinamenduak ez ditu geldiarazi Departamentu horren asmoak: Mendigorriko guraso gehienen borondateari kontra eginez, herrian ez da D eredua jarri nahi, eta gurasoek salatu dutenez, Hezkuntza Departamentuak mehatxu egin die Jantokirako eta Garraiorako laguntzak kentzearekin, Mendigorrian bertan matrikulatuz gero. Nekez lortuko dugu horrela Nafarroa kohesionatu bat. Eta non gelditzen da horrela ikastetxerik hurbilenean ikasteko eskubidea? Akordio programatikoan dagoena? Non gelditzen da landa eremuko eskola txikien defentsa? -Kohesiorako onuragarria izanen litzateke Nafarroako ikasle guztiek euskara pixka bat behintzat jakitea, gutxienez ere A ereduaren bidez. Horren ordez, Hezkuntza Departamentuak PAI programa derrigortzen du hainbat eta hainbat herritan, eta Gobernu honek inauguratuko duen lehen ikastetxea PALE eredukoa izanen da. -Kohesiorako kaltegarria da, orobat, Nafarroako Gobernuaren lan deialdietan alemana, ingelesa eta frantsesaren ezagutza baloratzea Nafarroa osoan eta euskara ez baloratzea ez eremu mistoan, ez "ez-euskaldun" deitutakoan. Ez dago ez araurik ez epairik hori justifikatzen duenik, Nafarroako Kontseiluak esan bezala. Hori iraina da Nafarroako euskaldun eta euskaltzaleentzat. (Hizkuntzak horrela baloratu dituzten 3 lan deialdi argitaratu dira, esaterako, 2020-6-1eko Nafarroako Aldizkari Ofizialean).

Se necesita una política forestal que proteja de manera adecuada los bosques de alto valor para la biodiversidad, apoye la gestión forestal de los recursos en los montes productivos, mitigue los riesgos de grandes incendios forestales y promueva en la sociedad los valores ambientales y sociales que atesoran nuestros bosques. Por ello es necesario: > Recuperar una planificación forestal con amplio apoyo social y desde la participación de todos los grupos de interés para alcanzar un pacto social de fomento de la gestión sostenible de los montes, el desarrollo rural, el empleo, y la conservación de la biodiversidad en los espacios forestales de Navarra. > Integrar los riesgos del cambio climático como una variable más a la hora de establecer las directrices de gestión forestal, de conservación y restauración ambiental, así como en las estrategias de prevención y extinción de incendios. > Potenciar una gestión forestal que conduzca a la existencia de masas forestales estables, estructuradas y menos vulnerables a los incendios destructivos. Este diseño selvícola se debe basar en conseguir una mayor diversidad en los “tipos de población”, desde la irregularización de las masas con sus distintas clases de edad, hasta la mezcla de especies cuando sea el caso y, por supuesto, la máxima diversificación genética. En resumen, lograr bosques más resistentes a las plagas, enfermedades, fuegos y episodios de severidad climática extrema. > Fomentar el mercado y consumo de productos forestales procedentes de la gestión local y sostenible. > Impulsar estrategias destinadas a reducir las causas de ignición causantes de los incendios forestales, a través del trabajo con colectivos con alta siniestralidad (sector agrícola, distribución eléctrica, etc). > Diseñar planes específicos de prevención de incendios en las zonas de alto riesgo, que identifiquen las masas más vulnerables a sufrir grandes incendios forestales y sensibilicen a los sectores más relacionados con las causas de los incendios. > Priorizar en la lucha contra el fuego una mayor gestión del combustible, potenciando la actividad selvícola, las quemas prescritas, el aprovechamiento energético de la biomasa, la agricultura y la ganadería extensiva en las labores de prevención. > La planificación urbanística y territorial debe evitar la expansión de la interfaz urbano-forestal, exigiendo planes de autoprotección y evacuación en núcleos residenciales para emergencias por incendio forestal. > Impulsar programas de restauración forestal e hidrológica que mejoren la diversidad de las masas forestales, recuperen las llanuras de inundación; establezcan zonas prioritarias de restauración con criterios ecológicos, sociales y económicos e impliquen a la población local en su mantenimiento y gestión. En resumen, lograr bosques más resistentes a las plagas, enfermedades, fuegos y episodios de severidad climática extrema. > Limitar el desarrollo de la producción de energía a partir de biomasa agroforestal a los recursos disponibles, y evitar así una burbuja de proyectos inviables por dimensión y criterios medioambientales y sociales. De igual manera, se debe evitar la dedicación de tierras a la producción de cultivos bioenergéticos, incluida la plantación de árboles. Serán aceptados para uso energético o como residuos forestales aquellos procedentes de la gestión forestal preventiva de incendios forestales y la gestión adaptativa de los montes al cambio climático, incluyendo la reducción de la carga de combustible en los montes y la reducción de la densidad de pies en la masa forestal.

En la actualidad la pobreza energética es uno de los problemas más urgentes por su dimensión social. La pobreza energética incluye aquellas situaciones sufridas por los hogares que, o bien no tienen capacidad para hacer frente al pago de una cantidad suficiente de servicios energéticos para mantener un nivel de confort térmico, o bien tienen que destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar el gasto derivado de la energía consumida. Las regiones con tasas más elevadas de pobreza energética son las comunidades autónomas del interior y norte peninsular (más frías) como Castilla y León, Castilla- La Mancha, Extremadura, La Rioja, Aragón o Navarra. En Navarra el 24% de los hogares dedican más del 12% de sus ingresos al pago de la factura energética (la media del país está en el 17% de hogares). Además el 4% de los hogares de la Comunidad Foral no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos. Aunque la mayor parte de las soluciones deben venir a nivel estatal Greenpeace propone a nivel autonómico: > Realizar una medición y un censo de hogares en esta situación, para destinar fondos a financiar la rehabilitación de viviendas en aquellos hogares donde la pobreza energética fuera más acuciante. > Garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de gas y de electricidad a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

En relación a los problemas de convivencia generados por los apartamentos turísticos, desde la asociación vecinal de Casco Viejo de Pamplona-Iruña Convivir en lo Viejo /Alde Zaharrean Bizi nos gustaría hacer las siguientes aportaciones : 1) Modificación del artículo 54.1 a) de la ley foral de turismo, de modo que la realización de una actividad turística de forma clandestina tenga la consideración de infracción muy grave en vez de grave. Que la multa vaya de 30.000 euros a 60.000 euros. Este rango es el que opera en otra comunidades como Valencia, Barcelona o País Vasco. En la actualidad la norma califica la sanción como grave y se limita a señalar que la multa será de hasta 6.000 euros. En la práctica cuando se detecta una actividad clandestina, llámese piso turístico ilegal, la multa que se impone es de 1.200 euros. La sanción es tan baja que es más rentable operar en la clandestinidad. En un momento en el que los recursos van a ser escasos y las necesidades mayores convendría tratar de modificar esta norma. 2) Que el gobierno de Navarra ponga operativo, tal y como han hecho otras comunidades autonómas, una herramienta que permita denunciar a los vecinos cualquier pisos turístico ilegal de forma anónima o cualquier actuación ilegal en el seno de un piso turístico legal. 3) Que el Gobierno de Navarra apruebe unas medidas higiénico sanitarias de obligado cumplimiento para cualquier alojamiento turístico. Observamos con preocupación como en los pisos turísticos se trasladan carros de limpieza, sabanas, toallas,..., por elementos comunes de los vecinos sin ningún tipo de cautela.