Nuevo tiempo para las PYMES Y AUTÓNOMOS

Algunas propuestas para la mejora de las PYMES y AUTÓNOMOS sobre reformas económicas estructurales desde políticas de oferta para la mejora de la productividad. Introducir determinadas reformas económicas estructurales para mejorar la productividad del sistema económico. Así, entre las reformas pendientes figura, por ejemplo, la introducción de un sistema fiscal, que Navarra puede hacer, empresarial progresivo, que evite el “agravio comparativo” que sufren las PYMES y los AUTÓNOMOS que pagan tipos efectivos de impuestos sobre sus beneficios superiores a los de las grandes empresas. Del mismo modo, se considera necesario aprobar y aplicar un régimen sancionador que ponga fin a la lacra de la morosidad de la que se benefician principalmente las grandes empresas, fundamentalmente aquellas que tienen una posición de dominio en sus mercados, y a las Administraciones públicas, minando la competitividad y viabilidad de las PYMES y AUTÓNOMOS Así, las grandes empresas que cotizan en Bolsa abusan sistemáticamente en materia de pagos, al cobrar a una media de 84 días y pagar a sus proveedores a unos 187 días de promedio, según los datos para 2017 publicados por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. En el ámbito de la energía son también evidentes las diferencias con Europa. Nuestras PYMES y AUTÓNOMOS pagan el doble en la factura de la electricidad, cuando los países de nuestro entorno como Francia, Holanda o Portugal se sitúan muy por debajo. Sin embargo, las grandes empresas consumidoras de energía eléctrica pagan precios similares a la media europea. El tipo efectivo real del Impuesto de Sociedades que pagan las PYMES y AUTÓNOMOS en nuestro país, referido a la equivalencia entre resultado contable y base imponible, es claramente superior al que pagan grandes empresas, que por ejemplo se benefician de reducciones de la base imponible con respecto al resultado contable, a las que las PYMES no pueden acceder. Es un agravio que se repite desde hace muchos años y que ha sido reconocido por el propio Ministerio de Hacienda originando leves modificaciones recientes en el Impuesto de Sociedades. Es innegable que no siempre se tienen en cuenta los intereses de las PYMES y autónomos en el momento de legislar, pese a que estos colectivos representan el 99% de las empresas, el 70% del empleo y el 60% del valor añadido de nuestro país. La Comisión Europea recomienda en su documento Small Business Act “pensar primero a pequeña escala”. Lamentablemente este principio no se suele seguir en la mayoría de normas, leyes y procedimientos administrativos en nuestro país, más pensados para la gran empresa, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la UE. Impulsar un marco fiscal en el Impuesto de Sociedades que grave el resultado contable y no la base imponible después de deducciones, rebaje los costes de cumplimiento para PYMES, garantice un trato equitativo fiscal de las mismas, promueva la continuidad y crecimiento empresarial y favorezca la capitalización a través de un tratamiento fiscal preferente de los beneficios no distribuidos, en lugar de la deuda como fórmula preferente de financiación empresarial. En el IRPF, defender el establecimiento de un sistema fiscal más justo para los autónomos, que atenúe el actual desequilibrio fiscal que soportan frente a las sociedades, permitiendo que puedan deducir en el rendimiento neto de su actividad económica su actividad laboral, tomando como referencia su base de cotización a la Seguridad Social, y estableciendo un tipo impositivo único por la tributación de su actividad económica, así como permitiendo la deducción de las dietas exentas, previstas en la actualidad sólo para los trabajadores asalariados.Reclamar unos mercados de suministros clave competitivos en España, sometidos a dinámicas claras y transparentes de oferta, demanda y formación de precios. Mejorar la productividad, del potencial de crecimiento económico y de la competitividad, no basados en la devaluación salarial, frente a la actual financiarización de la economía que amplíe el potencial de crecimiento de la economía y el incremento de empleos dignos cuantificables y comparables a través de la variable U6* que registra la verdadera magnitud del desempleo, cuantificando como tal el empleo a tiempo parcial así como las afecciones negativas de la tasa de actividad. Reformar la imposición fiscal del factor trabajo, a través del estudio de las modificaciones a implementar sobre las cotizaciones de la seguridad social, señalando la necesidad de evitar cualquier incremento de las mismas y proponiendo, entre otras, medidas como la eliminación del límite de las bases máximas, lo que incrementaría la recaudación de las cotizaciones sin afectar a las PYMES. Reclamar ante todos los estamentos públicos, ya sean nacionales o autonómicos, de una nueva definición de pyme, que considere incluidas también a aquellas empresas de sectores de mano de obra intensiva con más de 250 trabajadores si su facturación anual es inferior a 50 millones de euros, haciendo extensiva también esta reivindicación ante la Comisión Europea para que actualice su Recomendación 2003/361.