en el archivo adjunto

a) No parece que esté resuelta la manera en que los Directores de los Centros de Atención Primaria y las Jefaturas de los servicios implicados en la prestación puedan resolver los casos en que uno o varios médicos se declaren objetores porque, con independencia de que sean objetores o no, los profesionales del Centro o del servicio podrían negarse a atender a pacientes que no son de su cupo o responsabilidad. La norma sólo prevé pasar a un nivel superior jerárquico, “en caso de ausencia, o de objeción individual de todos los/las profesionales del equipo”. Parece importante resolver este punto porque los plazos del procedimiento son muy ajustados. b) No está previsto en el borrador de la norma el modo en que “la persona titular de la Dirección General de salud” accederá a registro para obtener los datos cuantitativos sobre la objeción de los profesionales en Navarra. Un mayor desarrollo y concreción de este punto garantizará la confidencialidad y protección de los datos personales de los profesionales incluidos en el registro. c) En el Artículo 3 del borrador de la norma se ha previsto que los centros sanitarios de carácter privado tengan su propio registro y que éste cumpla los correspondientes requisitos de confidencialidad y protección de datos. Sin embargo, no está claro cómo pueden registrar su objeción de conciencia los profesionales que trabajen en centros sanitarios donde no estén contratados, porque tengan algún tipo de relación contractual con mutualidades o compañías aseguradoras. Aunque no se den muchos casos, hay que prever esta posibilidad porque puede haber personas que no estén cubiertos por la Seguridad social, o bien sean funcionarios y hayan elegido ser atendidos de este modo, por lo que no podrán acudir a las instalaciones o a los médicos de Osasunbidea. En relación con lo anterior, tampoco está contemplado el caso de los profesionales médicos que trabajan de forma privada e independiente que atiendan a pacientes de Mutualidades. Tampoco está previsto el acceso a este registro de los médicos que están contratados por empresas o instituciones que no son sanitarias. Sería el caso, por ejemplo, de médicos de empresa, aunque en esa situación, los pacientes podrían simultáneamente acudir a los centros de Osasunbidea. Sería importante que la norma contemplara más supuestos de ejercicio profesional porque, como indica el Código de Deontología de la Organización Médica Colegial (2011), “El reconocimiento de la objeción de conciencia del médico [de todo médico] es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional” (Artículo 32.2).

Creemos que en este punto; "Es necesario elaborar protocolos contra la discriminación, así como la inclusión de la lucha contra el racismo y la xenofobia en los proyectos educativos y el currículum formativo en todos los niveles. Igualmente, resulta imprescindible trabajar coordinadamente y en red entre toda la comunidad educativa: docentes, alumnado, familias y entorno (tejido social y comunitario)" Sería interesante mencionar que habría que trabajar en fórmulas que permitan a personas que se encuentren en situación administrativa irregular, acceder a la formación, capacitación profesional y a la educación, en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. En la actualidad en la mayoría de ocasiones estas personas quedan excluidas, generando esto mas discriminación, racismo y xenofobia.

AI0. Identificar y denunciar actitudes y prácticas racistas, xenófobas y de discriminación interseccional en todos los ámbitos de intervención sectoriales OBJETIVO GENERAL: Visibilizar la doble discriminación xenófoba y racista que sufren las personas en situación administrativa irregular, que les impide el acceso a los ámbitos de intervención sectoriales (vivienda, empleo, educación, salud, deporte, ocio y tiempo libre) y la triple discriminación xenófoba y racista que sufren las personas en situación administrativa irregular que además han pasado por prisión. Este ámbito de intervención tendría como objetivo buscar formas de paliar y solucionar la discriminación extra que sufren las personas en situación administrativa irregular, y las personas en situación administrativa irregular que además han pasado por prisión, y que actualmente ven sus opciones al acceso de los ámbitos de intervención sectoriales muy restringidas. Además entendemos que estas situaciones concretas aumentan la discriminación, racismo y xenofobia.

Creemos que en este punto; "La población racializada/etnificada sufre de prejuicios y etiquetas que hace que propietarios/as y agentes inmobiliarios desconfíen a la hora de alquilar una vivienda, lo que redunda en una limitación en el acceso a derechos básicos, como el empadronamiento y los derechos asociados a éste (tarjeta sanitaria, educación, etc.) . Por tanto, se trata de favorecer prácticas tolerantes y apoyar a los grupos especialmente afectados por la discriminación racial, xenófoba, por origen étnico/migrante e interseccional en la búsqueda de vivienda. Este ámbito de intervención busca luchar en contra de la discriminación, identificando actos discriminatorios y denunciando las actitudes y prácticas racistas/xenófobas en el acceso a la vivienda. Pretende, igualmente, potenciar el establecimiento de un código de conducta anti-discriminatorio" Sería importante señalar que entre los documentos que se solicitan para la entrada en una vivienda, sea válido un certificado de cobro de rentas como la RG o como el subsidio por excarcelación, como aval que acredite ingresos por los que se pueda acceder y mantener el alquiler a una vivienda. Entendemos que solo sea válido el presentar una nómina, también es discriminatorio, puesto que todo el mundo no puede acceder a un trabajo, tanto por su situación administrativa, como por otros motivos (escasa formación, falta de homologación de titulación...)