La Administración, como responsable final de los datos y los servicios de los ciudadanos, debe extender las consideraciones del uso práctica de la Inteligencia Artificial y establecer los mecanismos que regulen la responsabilidad de su uso. Dar respuesta a esta necesidad y permitir a las empresas españolas y europeas mantener su competitivdad en un contexto de aldea global es un tarea ineludible para el legislador.