El ejecutivo asistió a la concentración silenciosa convocada por el Gobierno de Navarra en rechazo a la violencia ejercida contra las mujeres, así como para apoyar a las víctimas de este problema social. El acto tuvo lugar ante la fachada del Palacio de Navarra, y han asistido la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, la Delegada del Gobierno en Navarra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el Defensor del Pueblo, así como líderes políticos, parlamentarios forales junto con un centenar de personas.
Este Gobierno está comprometido en la elaboración del Plan de acción, que aborde todas las manifestaciones de la violencia contra las mujeres: la violencia en la pareja o de la expareja, la violencia sexual, el feminicidio, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, el matrimonio a edad temprana, concertado o forzado o la mutilación genital femenina, incluyendo los daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, también las amenazas, intimidaciones y coacciones o la privación arbitraria de la libertad, en la vida pública o privada. Y que atienda las necesidades de todas las mujeres, mayores y menores, también de las que sufren una múltiple victimización, atendiendo a su edad, discapacidad, estado civil, estatus de migrante o la situación administrativa de residencia, y las de menores expuestos a la violencia sufrida por sus madres.
En el plan que se está elaborando se prestará una especial atención a la prevención, especialmente en el ámbito educativo y en la sensibilización social; a la detección y atención, con una mirada especial al ámbito sanitario como puerta de entrada universal de todas las mujeres y al ámbito de servicios sociales; y a la atención integral a las mujeres, incluyendo un sistema de recursos y servicios, así como las medidas de protección policial y atención jurídica necesarias, y el derecho a la reparación, tanto en su dimensión individual, como colectiva; a la investigación y la recogida de información, en la responsabilidad de recabar los datos de manera desagregada y que permita un análisis real de la situación. Todo ello garantizando la aplicación de la ley foral mediante el compromiso de una formación profesional permanente de profesionales que garantice su capacitación.